lunes, 27 de junio de 2011

Carlos Escarra propuso fortalecer mecanismo de contraloria social en el poder judicial

Prensa AVN.- Establecer mecanismos que permitan ejercer la contraloría dentro del sistema judicial venezolano propusieron este sábado los abogados bolivarianos de la región central del país durante un encuentro del gremio realizado en Valencia, estado Carabobo.
Carlos Escarrá, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y vocero de la coordinación jurídica del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), refirió que esta propuesta es necesaria para mejorar el sistema de justicia del país.
“Este encuentro fue muy significativo y entre las principales propuestas destacan la creación de una contraloría judicial. El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución”, manifestó.
Agregó: “Esta contraloría debe atacar las roscas en todos los niveles. Aquí hay mafias entre policías, fiscales y jueces, y también debe garantizar todo lo relativo a los derechos humanos”.
Otro tema discutido durante este encuentro fue el rol del abogado y la unidad del gremio dentro del proceso revolucionario, aspecto que para Escarrá, debe reforzarse para garantizar espacios en este estado.
“Los abogados tenemos que organizarnos y unirnos todos. Aquí en Carabobo es muy importante este proceso de unidad porque tenemos un gobernador pataruco y necesitamos sustituir por personas comprometidas con este proceso revolucionario”, expresó.
Las propuestas dadas en este encuentro regional de abogados serán presentadas en el congreso nacional de profesionales de las leyes, el cual se desarrollará próximamente en la ciudad de Caracas.
En esta reunión participaron profesionales de los estados Aragua, Carabobo, Guarico, Cojedes, Lara, Yaracuy, Bolívar y Carabobo.

martes, 14 de junio de 2011

Sancionada la reforma de la Ley sobre el Delito de Contrabando.

Además de su carácter aduanero o fiscal, la ley contempla el tratamiento que debe darse a las actividades de extracción de combustible y sus derivados, así como de alimentos subsidiados y de insumos importados exentos de impuestos, los cuales, por efecto del contrabando, particularmente en las zonas fronterizas, ha degenerado en una problemática que atenta contra el desarrollo integral y nuestra seguridad nacional


Rayma Rondón / Prensa AN

El pleno de la Asamblea Nacional sancionó este martes 28 de diciembre la reforma de la Ley sobre el Delito de Contrabando, cuya elaboración estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad que preside el diputado carabobeño Raúl Álvarez Bracamonte (PSUV).

Sobre las bondades del instrumento legal, el parlamentario ha destacado que la ley tipifica y sanciona los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando, “convirtiéndose en una importante normativa para enfrentar esta antigua y lesiva práctica que degrada el desarrollo nacional generando desempleo en la población, erosionando la economía y atentando contra la soberanía”.

Álvarez Bracamonte explicó que el delito de contrabando afecta la base impositiva, disminuye los ingresos tributarios, perturba la actividad comercial y fomenta una contracultura desmoralizante frente al compromiso de estimular la producción nacional y de promover la seguridad en el suministro de insumos y productos que requiere el país. 

Resaltó el legislador que dentro de los elementos más resaltantes de la Ley sobre el Delito de Contrabando se encuentran: la consolidación de un andamiaje legal que permite combatir más eficientemente el delito de contrabando; se definen los órganos encargados de la actuación y las autoridades destinadas a la prevención; se ataca el delito desde las tres perspectivas existentes en materia aduanera: introducción, extracción y tránsito aduanero.

“Además se prevé la participación activa de la sociedad, en corresponsabilidad con los órganos competentes, en materia de lucha contra el delito de contrabando; se establecen las competencias correspondientes a los órganos que intervienen tanto en la rectoría, como en la condición auxiliar durante la investigación penal en materia de contrabando; se definen el tipo de contrabando y sus modalidades, así como los arquetipos penales y sus circunstancias agravantes”.

Advirtió que la ley articula la participación del poder popular conforme a la preceptuado en el Artículo 326 de la Constitución, y se establece la jurisdicción penal u administrativa ante quien debe someterse el infractor de acuerdo al delito cometido, entre otros puntos.

Ya sancionada por la Cámara Plena, la Ley sobre el Delito de Contrabando fue remitida a la Presidencia de la República para su respectiva promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial.